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Location: Valparaíso, Quinta Región, Chile

Casado con Nina María Soto (1964): 8 hijos, 16 nietos. Estudios: Derecho (Chile); Ciencias Políticas (Heidelberg, Alemania). Habla, lee y escribe alemán e inglés. Lee francés, italiano, portugués y holandés. Computación desde 1983. Internet desde 1994. Bloggers desde 2005. Autodidacta. Adaptable a las responsabilidades asumidas. Últimos cargos públicos: Agregado Científico en embajadas de Chile en Alemania y Holanda (1991 a 1995), Embajador de Chile en Venezuela (entre 1995 y 2000). Secretario General del Sistema Económico Latinoamericano, SELA (2000 - 2003) Libros: "Hermano Bernardo" sobre Bernardo Leighton y "La no-violencia activa: camino para conquistar la democracia". Numerosos ensayos políticos en diversas publicaciones. Profesor universitario (Chile y Alemania), periodista (prensa y TV) y diplomático. Hago consultorías y escribo permanentemente sobre muy variados temas. Actualmente soy Presidente del Instituto Chileno de Estudios Humanísticos, ICHEH, con sede en Santiago.

Monday, January 09, 2006

EL DESAFÍO ACTUAL DE LA OPCIÓN HUMANISTA CRISTIANA

Los caminos del Humanismo Cristiano

Los chilenos y chilenas que nos hemos identificado y comprometido desde siempre con la opción humanista cristiana queremos reiterar el sentido histórico de este compromiso. El Humanismo Cristiano es una profunda corriente de pensamiento y acción, de carácter ético e intelectual, que se enraíza en el testimonio de Cristo en su mensaje del Nuevo Testamento. En la antigüedad, el medioevo y el renacimiento se nutre de la experiencia de las comunidades primigenias, de los primeros pastores, y de figuras como San Agustín, San Francisco de Asís, Santo Tomás de Aquino, Erasmo y Santo Tomás Moro. En la modernidad fueron las Encíclicas Sociales, la Rerum Novarum, seguida de la Quadragesimo Anno, la Centessimus Annus y muchas que les siguieron hasta hoy, las que motivaron a miles de hombres y mujeres a tomar sobre sus hombros la tarea de construir en el mundo, también en Chile, una sociedad fundada en los valores evangélicos. Luego de los horrores de las dos Guerras Mundiales, incluido el genocidio provocado por el nazismo y el fascismo y el progresivo conocimiento de los escalofriantes sufrimientos humanos asociados a los socialismos reales, fue surgiendo y vitalizándose una versión contemporánea del humanismo cristiano. Entre otros muchos se distinguió especialmente el pensamiento de Jacques Maritain, quien fue en 1948 uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, cuyos principios son hoy reconocidos en todo el mundo, en más de 330 lenguas diferentes.

En Chile, jóvenes como Eduardo Frei M., Bernardo Leighton, Manuel Garretón, Radomiro Tomic, Ignacio Palma, Tomás Reyes y muchos más, convergieron y conformaron la argamasa desde donde propusieron un nuevo proyecto político, primero desde la Juventud Conservadora, luego desde la Falange Nacional y finalmente, desde la Democracia Cristiana. Desde su origen, una característica central de este nuevo referente fue su carácter no confesional y pluralista. Un destacado demócrata cristiano, como Jaime Castillo Velasco, fue agnóstico gran parte de su vida. Sin perjuicio de ello, fue la expresión más reconocida de la ideología y doctrina humanista cristiana en Chile. Su compromiso fue totalmente coherente y consecuente, en la teoría y en la acción, como lo demostró con su heroico testimonio por la defensa y promoción de los derechos humanos, después del golpe militar.

Tal como lo ha planteado la Conferencia Episcopal de Chile, el Humanismo Cristiano entre nosotros no es propiedad de nadie en particular. Es un patrimonio común del que nadie puede apropiarse en forma exclusiva ni oportunista, según las circunstancias políticas. Es una doctrina y una práctica que se articulan en una opción ética que permite discernir comportamientos políticos, sociales, económicos y culturales con sentido práctico, tanto en lo nacional, como en lo internacional. La opción humanista cristiana tiene consecuencias importantes en la vida de las personas: se toma un camino y se desecha otro, según su coherencia lógica y su consistencia ética. Aquello es lo que asigna credibilidad y confianza a las propuestas y comportamientos de quienes asumen rectamente la opción humanista cristiana en la acción política.

La libertad, la fraternidad, la dignidad inalienable de la persona humana, el valor fundamental del trabajo, fueron los ideales que llevaron a Clotario Blest y a Manuel Bustos a construir con generosidad y valentía, junto a muchos más de diversos pensamientos ideológicos, el desarrollo del movimiento sindical chileno. Ese mismo compromiso humanista cristiano fue el que asumieron como pastores con tanta pasión e intensidad el Padre Alberto Hurtado, hoy Santo de la Iglesia Católica, Manuel Larraín, Raúl Silva Henríquez, Enrique Alvear, Fernando Ariztía, y tantos otros. Todos ellos lo hicieron, más allá de sus diferencias con otros de su mismo credo religioso. Asumieron el compromiso personal y social de encarnar los valores del cristianismo en una sociedad como la chilena, la que pese a ser abrumadoramente católica, mostraba injusticias y desigualdades escandalosas e inaceptables -muchas de las cuales perduran- pese a las exigencias evangélicas o de un concepto secularizado de justicia y equidad.

Fue así cómo en los años 60, el testimonio práctico de estos chilenos dio inicio a la liberación del campesinado, sometido a una dominación ancestral. Lo hicieron entregando primero las tierras de la Iglesia a las comunidades de sus trabajadores. Luego se aprobó institucionalmente la sindicalización campesina, y así tuvo lugar el enorme paso político que significó dar rango constitucional al concepto de “función social de la propiedad”, para implementar una Reforma Agraria que dio dignidad a millones de chilenos y chilenas del campo. Esta opción cambió uno de los pilares fundamentales de la injusta sociedad tradicional. En esos mismos años la Promoción Popular permitió a millones de chilenos organizarse en Juntas de Vecinos y Centros de Madres para participar activamente en la sociedad. La sindicalización en los centros urbanos e industriales experimentó un salto profundo, superando el 20%, y se generó un significativo avance en las condiciones laborales de los trabajadores chilenos. El impulso al cooperativismo en el campo y la ciudad mostró en ese entonces que era posible establecer un nuevo tipo de organización, fundada en la primacía del trabajo sobre el capital. Sin embargo, esa alternativa sería destruida por la dictadura y su modelo económico “neoliberal”.

Luego de la polarización política de inicios de los 70 y de la caída del régimen democrático, los mismos humanistas cristianos esta vez encabezados por Bernardo Leighton y otros en lo político, así como por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en lo espiritual, dieron testimonio de su rechazo al régimen de fuerza que se instauraba, y a su inevitable secuela de represión, dolor y muerte. En esos años, nos sentimos aún más interpelados por el Humanismo Cristiano. Aprendimos a valorar el aporte de hombres y mujeres de otras corrientes doctrinarias e ideológicas, también humanistas, convergiendo así gradualmente en iniciativas orientadas a mantener la esperanza en la recuperación de la democracia plena. En 1980 tuvo lugar un hito fundamental de esa lucha: Eduardo Frei Montalva encabezó el rechazo “en la forma y el fondo” a la propuesta de Constitución de Pinochet, en el acto por el No en el Teatro Caupolicán.

Las violaciones y la defensa de los derechos humanos en Chile

En esos años duros para Chile, los humanistas cristianos no callaron contra la arbitrariedad y el crimen institucionalizados. Algunos fueron asesinados, o hechos desaparecer; otros objeto de atentados, exiliados, relegados y perseguidos. Expulsados de las Universidades y de sus fuentes laborales, muchos fueron marginados de la posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Los humanistas cristianos estuvieron junto al Cardenal Silva Henríquez en la Vicaría de la Solidaridad. Defendieron los derechos humanos conculcados, convergiendo junto a hombres y mujeres de otras raíces filosóficas para crear la Comisión Chilena de Derechos Humanos y posteriormente la Comisión Nacional Pro Derechos de la Juventud. Trabajaron en la defensa del sistema autogestionario. Respaldaron y colaboraron, primero en la radio Balmaceda, y luego en Cooperativa y Chilena, baluartes de libertad en los medios de comunicación radial, así como dieron testimonio en la prensa escrita. Las revistas Hoy, Análisis, Cauce y Apsi; el diario La Época, Fortín Mapocho y tantos más dieron la posibilidad de manifestar libremente las opiniones diferentes de los censores oficiales que controlaban la inmensa mayoría de los medios de comunicación.

En esos años, los humanistas cristianos no estaban colaborando con la dictadura. No ayudaron a impulsar el diseño jurídico ni económico de la mayor concentración de poder que haya conocido nuestra patria en su historia independiente. No fueron nombrados a dedo para controlar las organizaciones estudiantiles, sindicales, gremiales o profesionales, ni agredían impunemente a sus propios compañeros a vista y paciencia de las autoridades. No se quedaron con los bienes públicos privatizados mediante procedimientos oscuros que ellos mismos inventaron y controlaron. Menos usufructuaron de las condiciones del mercado, para especular y construir fortunas personales.

El rol de los humanistas cristianos fue clave en los procesos de convergencia social, que permitieron reconstituir y dar conducción al movimiento sindical y al movimiento estudiantil. El avance en las luchas democratizadoras se reflejaría en la creación de instancias como el Grupo de los 24, la Alianza Democrática, el Prodem, la Asamblea de la Civilidad, el Comité por las Elecciones Libres, hasta llegar a la Concertación de Partidos por el No, y finalmente a la Concertación de Partidos por la Democracia. El requisito fundamental para incorporarse a esos referentes fue siempre el de adherir a la democracia, la justicia social y la no violencia como método para poner término al régimen autoritario. El basamento angular de ese acuerdo radica, análogamente a lo señalado por Maritain respecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en una “ideología práctica fundamental y en principios de acción fundamentales implícitamente reconocidos hoy, por la conciencia de los pueblos libres. Constituyen una suerte de residuo común, una especie de ley común no escrita, por la convergencia práctica de ideologías, teorías y tradiciones espirituales ampliamente diferentes”.

En estos casi 16 años de democracia reconquistada, hemos aportado, con lealtad y dedicación, al cumplimiento de los propósitos de consolidar la democracia, el desarrollo, la libertad, la equidad, la mayor justicia, la lucha contra la miseria, la construcción de una sociedad incluyente, la conformación de una cultura digna y de convivencia en paz, con plena incorporación de Chile al mundo moderno y mucho más. Esto se ha hecho con los gobiernos encabezados por Patricio Aylwin A. Eduardo Frei R.-T. y Ricardo Lagos E., desde el Congreso y a partir de la sociedad y sus organizaciones. La inmensa mayoría reconoce que Chile es hoy otro país. Ante la próxima decisión ciudadana, hemos considerado oportuno hacer público este planteamiento para hacer presente al país algunos elementos fundamentales, que siendo veraces han sido hasta ahora callados. Con respeto y serenidad, damos a conocer nuestro planteamiento.

La próxima elección presidencial

Tenemos una profunda preocupación respecto de la candidatura ahora única de la Alianza, encabezada por Sebastián Piñera. Aunque él efectivamente mostró en 1980 preocupación por la democracia votando por el No a la Constitución, sus socios principales fueron cómplices y encubridores de los victimarios, o al menos callaron o pecaron por omisión. Cuando fue más imprescindible, no depusieron sus intereses particulares para defender el valor fundamental de la persona humana. Ellos conformaron altos cuadros gubernamentales, fueron miembros de las peculiares comisiones legislativas de los años de la dictadura, y validaron y legitimaron los atropellos a los derechos humanos y la mofa a la democracia que representó la redacción y aprobación del texto constitucional de 1980. Lejos de haber un realineamiento político significativo respecto de 1988 y 1989, vemos que la Alianza se sostiene hoy en los mismos actores que sustentaron política y socialmente la “obra” de Pinochet y que siguen empeñados en su defensa.

La candidatura presidencial de la Alianza tiene como socios estratégicos a quienes han demostrado en forma reiterada que son capaces de manejar el poder sin contemplaciones. La gigantesca concentración de poder económico, social y político que representaría su eventual elección, afectaría gravemente el proceso de profundización de nuestra democracia, y sería una tragedia para el equilibrio de nuestra convivencia. Más aún, nos pone ante el peligro de un gobierno populista de derecha, semejante a los que ha sido tan nefastos en otras naciones de América Latina por sus problemas de gobernabilidad.

Estimamos preocupante para la transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión pública, la recurrencia de importantes intereses patrimoniales y corporativos asociados a esa candidatura presidencial. Esas son condiciones que no fijan un límite claro entre el interés privado y el interés público, entre el dinero y la política. A estas alturas nos preguntamos legítimamente cómo es posible que Sebastián Piñera aún no haya declarado su patrimonio financiero y los intereses empresariales en los que participa.

El país no puede retroceder a un modelo en el que los sectores más poderosos de la sociedad, que han tenido un acceso más fácil al Estado y a las decisiones públicas, vuelvan a tener un acceso aún mayor y más privilegiado. Eso representaría un desequilibrio social y político que afectaría la gobernabilidad y la credibilidad del país.

Nuestro compromiso en la hora presente: hacia una cultura de la solidaridad

Desde nuestra opción humanista cristiana, con clara consciencia de las circunstancias actuales y de las tareas que deben ser abordadas por el próximo gobierno, pensamos que sin duda serían mejor resueltas por la alternativa política ciudadana representada por Michelle Bachelet.

Para nosotros sigue teniendo total validez la tarea de construir una sociedad justa, libre y sustentada en el respeto a la dignidad de la persona humana. Nuestra tarea sigue siendo la de construir una democracia participativa, fundada en espacios públicos libres y pluralistas, adecuados a las condiciones del siglo XXI, sobre los cuales se constituya nuestra vida común. Chile requiere, especialmente ahora, deliberar sobre la política y la construcción de una ciudadanía activa y fuerte. Para el humanismo cristiano, es vital asegurar una adecuada representación de la ciudadanía en el cuerpo político. Es necesario otorgar a los diversos sectores la posibilidad de contribuir al debate y a las decisiones en los asuntos públicos. Este es un asunto fundamental de la conformación de la sociedad. Por eso el binominalismo, que es un producto del autoritarismo claramente diseñado para excluir y segregar a cientos de miles de chilenos del cuerpo político, debe terminar de una vez por todas. También los chilenos y chilenas debemos dar término a los quórum calificados de las leyes orgánicas, los que mantienen el mismo carácter de imposición y conservación del modelo autoritario que el conjunto original de la Constitución de 1980. Nos parece que Chile merece una Carta Magna que podamos discutir y debatir con plena libertad, sin miedos fundados en el temor irracional a la expresión democrática de la ciudadanía.

Necesitamos subordinar la economía a la persona humana, poniendo al mercado al servicio de su dignidad y de la del trabajo humano, por sobre la propiedad individual. Son principios superiores del humanismo la sustentabilidad social, económica y ambiental, así como la identidad cultural del país. Por eso, tenemos que avanzar resueltamente hacia una real economía social de mercado. Del mismo modo, hay que hacer efectiva la profunda igualdad en la dignidad de las personas, consensuando e implementando profundos cambios en nuestras políticas sociales, de manera de contar con un Estado que asegure el acceso a servicios sociales básicos de calidad y a una previsión social, evitando así la reproducción de las diferencias sociales heredadas.

La solidaridad y el comunitarismo, fundados en el valor de la dimensión social de la persona humana, reconoce la importancia de las comunidades y de sus organizaciones. Es por eso paradójico que una autocalificada candidatura “humanista cristiana” se aparte, en su primer enunciado programático, tan notoria y decisivamente de esta opción. Se define allí el proceso de desarrollo como la “expansión de las libertades reales de… las personas”. Bien sabemos quienes vivimos la experiencia de la dictadura que las libertades individuales son un aspecto fundamental del desarrollo, pero para nosotros el desarrollo humano es mucho más amplio que las libertades individuales de carácter económico, pues aquel se refiere a la estructuración de las identidades sociales desde las más pequeñas comunidades, como la familia, hasta el conjunto de la vida nacional. Desde la cuna hasta la vejez.

Nuestra perspectiva del Humanismo Cristiano no entiende el desarrollo del país como la sumatoria de los progresos individuales resultantes de la operación de los mercados. Nuestra visión es contradictoria con la del reduccionismo economicista liberal. Por eso, es compatible con otros humanismos laicos, evangélicos y muchos otros más, provenientes de las más variadas inspiraciones del pensamiento humano.

Reclamamos una cultura de la solidaridad y los derechos humanos. En particular, añoramos que nuestra cultura, en todas sus expresiones y en todos sus niveles, se empape de los valores y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que ellos se transformen en un elemento articulador de nuestra vocación e identidad como nación, involucrando al sistema educativo, así como a los medios de comunicación, y la acción de los organismos públicos, incluyendo el compromiso internacional del Estado con la promoción y resguardo de estos derechos.

Históricamente, los humanistas cristianos chilenos tuvieron una marcada identidad latinoamericana. Nuestro país requiere asegurar para sí un papel relevante en la región, abriendo y profundizando una agenda política latinoamericana. Sustentada en una mirada integral de sus dimensiones políticas, económicas, sociales y culturales. Una política internacional que no limite las relaciones con nuestros vecinos, en forma exclusiva y arrogante, sólo a la búsqueda de “buenos negocios”, lo que sería un desastre a mediano y largo plazo para el país. Especialmente peligrosa nos parece la propuesta de comprometer a Chile en una asociación estratégica de amplias y vagas perspectivas militares en forma casi exclusiva con los Estados Unidos, cuyo actual gobierno está embarcado en una política internacional ultra conservadora, totalmente ajena al sentir y aspiraciones de nuestro pueblo.

Creemos que los chilenos tenemos ante nosotros una tarea que no es pequeña. El país está en condiciones de dar un nuevo salto histórico. Debe elegir a una persona que pueda convocar a todos los chilenos sin exclusiones, a construir un espacio común, un lugar de todos y para todos. Una patria para todos.

Nosotros no dudamos en optar por un proyecto que asegure la promoción de un modelo de desarrollo de carácter integral, basado en principios éticos, enraizado en la historia, y proyectado hacia un mejor futuro para todos los chilenos. Para nosotros, como lo dijera con visión profunda Radomiro Tomic en 1970, el destino democrático del país se asocia indisolublemente a la cultura de la solidaridad, la mística del sacrificio y el trabajo compartido.

Por nuestra historia común y por la indispensable consistencia ético-política, los abajo firmantes entregamos nuestro apoyo a Michelle Bachelet, y confiamos que como primera Presidenta de la República de Chile, encauzará una amplia voluntad mayoritaria. Estamos seguros que entregará todas sus energías en sus cuatro años de mandato democrático al inicio de un nuevo estilo de hacer política y de construir un país: con la gente, compartiendo los esfuerzos y los frutos del sacrificio común, con un horizonte de futuro digno para todos nuestros hijos.

Invitamos a todos los humanistas cristianos a compartir este compromiso, que se enraíza en el ejemplo de las generaciones anteriores. Invitamos a los hombres y mujeres de esta tierra a construir el futuro de Chile sobre los sólidos cimientos de una cultura de la solidaridad, del trabajo y el amor a la patria.
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Lista de adherentes hasta el 9 de enero de 2006, a las 18,00 (Todo el que lo desee, por compartir el contenido de este documento, puede agregar su firma.) Suscriben el documento:
Mariano Ruiz-Esquide
Renán Fuentealba M.
Belisario Velasco B.
Claudio Huepe
Ignacio Balbontín A.
Florencio Ceballos
Sergio Contreras Villa
Jorge Donoso Pacheco
Juan Guillermo Espinosa
Marco Antonio Rocca
Edgardo Riveros
Sergio Saavedra
Abraham Santibáñez
Emilio Soria
Manuel Acevedo A.
Juan Andrade
Fernando Arancibia
Andrés Aylwin A.
Otto Boye S.
Raúl L. Bagioli
Humberto Burotto
Jorge Caro F.
Loreto Cortés
Maximiliano Cox Balmaceda
Bernardino Domínguez Vial
Patricio Dooner Díaz
María Cecilia Dooner Sepúlveda
Héctor Escobar
Ricardo Flores Fuentes
Rodolfo Fortunatti
Luz García Arcos
Gustavo Jiménez
Ana Kaempffer Fuentes
Humberto Kameid L.
Hernán Köhmenkampf
Francisco Larenas Bouquet
Julio Madrid
Víctor Maldonado Roldán
Carmen Gloria Marambio
Hernán Medina Rueda
María Luisa Morales Alliende
Luis Moya S.
Carlo Muñoz Serrano
José Nagel Amaro
Juan Carlos Palma Irarrázaval
José Polanco
Gustavo Rayo Urrutia
Luz María Reyes Valdivieso
Luis Mario Riquelme N.
Exequiel Rivas
Eduardo Rodríguez O.
Sybill Rogers Casanueva
Gloria Sepúlveda Devia
Tonci Tomic
Marcelo Zapata C.

Sunday, October 23, 2005

UNA NUEVA CONSTITUCIÓN


Gonzalo Martner


El Congreso Pleno ha consagrado un conjunto de reformas a la constitución de 1980. Ya no llevará la firma del dictador.

Se termina con la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y director de Carabineros. El Presidente de la República podrá llamarlos a retiro mediante decreto fundado e informado previamente al Senado. El Consejo de Seguridad Nacional cambia su composición y reduce sus atribuciones. Será un órgano asesor del Presidente y estará integrado por los presidentes del Senado, de la Cámara, de la Corte Suprema, los comandantes en jefe, el director de Carabineros y el contralor general de la República.

Se reduce el período presidencial de 6 a 4 años. Para ser Presidente de la República se rebaja la edad de 40 a 35 años. Se eliminan los senadores designados y vitalicios y se establece que el Senado estará compuesto por 38 miembros (actualmente es de 48). La edad para ser elegido senador disminuye de 40 a 35 años. Las vacantes de diputados y de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante.

Se otorga rango constitucional a las comisiones investigadoras y podrán constituirse a petición de, a lo menos, dos quintos de los diputados en ejercicio. Los ministros, funcionarios de la administración y personal de empresas del Estado o donde éste tenga participación mayoritaria estarán obligados a comparecer y proporcionar antecedentes. Se obliga a los ministros de Estado a concurrir personalmente a las sesiones especiales a que sean convocados por la Cámara de Diputados o el Senado. Se permite renunciar a sus cargos a los diputados y senadores cuando una enfermedad grave les impida desempeñarse y así lo califique el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estará integrado por 10 miembros, de los cuales 3 serán elegidos por el Presidente, 4 por el Congreso y 3 por la Corte Suprema. Durarán nueve años en el cargo.

Se establece que el Estado promoverá la solidaridad territorial y la creación, supresión y denominación de regiones, provincias y comunas, así como la modificación de sus límites y fijación de capitales será materia de ley.

Se facilita la adquisición de nacionalidad para los hijos de chilenos nacidos en el exterior.

La aprobación de todas estas materias son avances sustanciales. Pero no constituyen un cierre de la controversia constitucional ni le otorgan la legitimidad suficiente a un instrumento que debiera ser respetado y valorado por todos. No es el caso de la actual constitución. En particular, su sello sigue siendo conservador en una cuestión esencial (y no podría ser de otro modo, dada la composición ilegítima del actual senado): el enunciado de los derechos que la constitución debe cautelar. No se modifica la orientación liberal, y enfocada en la cautela casi exclusiva de la propiedad privada, de los derechos fundamentales descritos en el artículo 19, ni se moderniza de acuerdo a la doctrina contemporánea el enunciado de los derechos civiles y políticos, de exigencia inmediata por los ciudadanos, ni de los derechos sociales, económicos, ambientales y culturales, de exigibilidad progresiva. No es de extrañar que la definición del Estado chileno como un Estado Democrático y Social de Derecho, promovida en su momento por Enrique Silva Cimma, fuera rechazada, como lo fueron la iniciativa popular de ley, el reconocimiento a los pueblos indígenas, el voto de los chilenos en el exterior, la creación del defensor ciudadano y tantas otras propuestas constitucionales progresistas.

Por supuesto, la guinda de la torta está en la tan chilena manera de maquillar las cosas sin resolver nada como el traslado del sistema binominal de la constitución a la ley orgánica, pero... subiendo el quórum como si fuera constitucional. Se requerirá para terminar con este sistema de 23 de los 38 votos del senado, es decir tres quintos, en vez de los ya ilegítimos 22 votos, es decir cuatro séptimos, establecidos para las leyes orgánicas constitucionales desde 1989, y no de 20 votos (para la Cámara de Diputados los requisitos son proporcionalmente los mismos). En cualquier democracia normal, estos temas se resuelven con la mitad más uno de los parlamentarios en ejercicio, como quórum más exigente (siendo el menos exigente el de la mayoría simple de los presentes en la sala). Por lo demás, no otra cosa señalaba la constitución de 1980 original: en la negociación de 1989 se cometió un inmenso error al aceptarse subirlo a 4/7 de cada cámara en el caso de las leyes orgánicas. La exigencia progresista de una nueva Constitución democrática se mantiene entonces inalterable, para conformar un nuevo Estado Democrático y Social de derecho y de libertades, de promoción de los derechos humanos y de lucha contra las discriminaciones de género, étnicas y de orientación sexual, de participación amplia en la formación de la ley, abriendo una nueva etapa descentralizadora y terminando con el sistema binominal para abrir curso de una vez al respeto del principio elemental de la democracia: las mayorías determinan (y no las minorías como es el caso de Chile, sin cuyo concurso ninguna ley importante es aprobada, conculcando radicalmente a la democracia), respetando el derecho de las minorías a transformarse en mayoría a través de elecciones periódicas si convencen a los ciudadanos.

El camino a seguir podría ser la nominación por el próximo gobierno de una Comisión Constitucional amplia y pluralista, que redacte un nuevo texto más simple, más comprensible para el ciudadano común, claro en el enunciado de deberes y derechos y en las normas de funcionamiento de nuestras instituciones, en un marco de amplia legitimidad a través de la recolección de las más diversas opiniones ciudadanas y la posterior aprobación por el Congreso Nacional.

Existe hoy en Chile una suerte de consenso pasivo que ha permitido a nuestra democracia funcionar y progresar, pero que ha tenido como contrapartida un creciente desprestigio de la política, de los partidos, de los parlamentarios. En Chile este fenómeno tiene su origen básico en la falta de legitimidad de su proceso constituyente, primero en un contexto de dictadura y luego de una década y media de debates en un Congreso que no pudo darle a este proceso la proyección democratizadora necesaria.

Llegó el momento de dar por terminada la transición no para consagrar una institucionalidad endeble e imperfecta, sino para abordar con renovada energía democrática la tarea de dotar a Chile de una nueva Constitución que a todos nos represente.

INEXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA


Felipe Portales, Sociólogo Chileno, Militante PDC

El elemento clave que define la existencia de un sistema político democrático es el hecho que la Constitución y las leyes sean el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Como es imposible que dicha voluntad se esté expresando permanentemente en plebiscitos, el pueblo requiere de la conformación de asambleas que lo representen. Pero para que esta representación sea genuina aquellas deben ser elegidas mediante un sufragio universal, secreto, libre e informado; y donde cada voto tenga realmente el mismo valor.

Es decir, el solo hecho de que haya elecciones periódicas no define la existencia de un sistema democrático. Es más, prácticamente en todas las dictaduras o regímenes autoritarios de hoy los presidentes y parlamentos son elegidos popularmente pero de tal modo que no representan la auténtica voluntad de la población. En el caso de nuestro país es claro que la Constitución y las leyes no son el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Respecto de la Constitución, ella fue impuesta por la dictadura en un plebiscito espurio, descalificado por todos los organismos de derechos humanos y partidos políticos democráticos, nacionales e internacionales. Y, por otro lado, sus contenidos configuran un régimen autoritario en que la voluntad popular mayoritaria es bloqueada por un conjunto de instituciones antidemocráticas: Un sistema electoral binominal "único en el mundo"- en que cada circunscripción elige dos, y solo dos representantes, con lo que la primera minoría se iguala antidemocráticamente a la mayoría; y que unido a altos quórum para reformar la propia Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, permiten que la derecha minoritaria conserve todos los resortes básicos del poder, incluso perdiendo permanentemente las elecciones de Presidente de la República.

Lo anterior fue claramente expresado por la coalición antecesora de la Concertación de Partidos por la Democracia, la Alianza Democrática, en Julio de 1984: "No hay democracia posible... dentro del marco de los preceptos permanentes de esa Constitución (de 1980), si no se hace del Congreso Nacional un cuerpo verdaderamente representativo de todos los sectores del pueblo de Chile, elegido íntegramente por sufragio universal y dotado de reales atribuciones legislativas y fiscalizadoras; si no se democratiza a composición del Tribunal Constitucional; si no se deroga la inamovilidad de los Jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden y no se limitan las facultades del Consejo de Seguridad Nacional a las propias y específicas de su función; si no se cambian las normas sobre Reforma de la Constitución por otras que la hagan posible, y si no se asegura la efectiva igualdad de derecho de todos los chilenos"1.

Lo notable es que sin haberse cumplido ninguno de esos requisitos el entonces presidente Aylwin señaló en Agosto de 1991 que "la transición ya está hecha. En Chile vivimos en democracia" 2 Y lo que en 1984 se consideraba, con toda propiedad, como requisitos ineludibles para la existencia de una democracia, en 1991 se empezó a concebir como simples factores de perfeccionamiento de ella: "Esta democracia es susceptible de perfeccionarse, sí, y una de las tareas que tenemos por delante es perfeccionar la democracia y eso exige algunas reformas constitucionales, tarea que mi gobierno ha abordado y que probablemente no va a dejar completada y será tarea del próximo gobierno"3.

En otras palabras, Aylwin y el liderazgo de la Concertación comenzaron a ver a la Constitución de 1980, en sus preceptos permanentes, como democrática, solo que imperfecta. Esto es, transformaron su concepto mismo de democracia, al valorar como tal la propia Constitución impuesta en 1980 con todos sus enclaves autoritarios"4 vigentes e intocados.

Este crucial cambio político explica porqué tanto los gobiernos de Aylwin, Freí y Lagos no han tenido dentro de sus prioridades ni le han dado ninguna urgencia a las reformas constitucionales democratizadoras. Es así que tanto en sus programas presidenciales; en sus campañas del mismo carácter; en las campañas parlamentarias y municipales; en sus alocuciones y mensajes presidenciales; y, sobre todo, en el tratamiento legislativo de las reformas propuestas; ninguno de los tres gobiernos ha ubicado el tema como prioritario, ni menos buscó movilizar al pueblo para que presionase en torno a su logro.

Es más, en el último tiempo han surgido voces dentro del liderazgo de la Concertación que han relativizado incluso el carácter antidemocrático del propio sistema electoral binominal. Así, el ex presidente Aylwin señaló en Septiembre de 2003 que "yo creo que la democracia volvió a Chile para quedarse y eso es lo que importa. Hay cosas que aún no se han logrado. ¿Es bueno o no el sistema electoral binominal? A mí no me gusta, pero reconozco que le da estabilidad a los gobiernos y conduce a gobiernos de mayoría"5

En relación a las leyes vigentes, es fundamental tener presente que todas las leyes básicas que rigen hoy el sistema económico, social y cultural de nuestro país fueron impuestas por la dictadura. Es el caso de las leyes que limitan el rol del Estado en la economía; que rigidizan el sistema de propiedad; que conculcan los derechos laborales y sindicales de los trabajadores; que atomizan a los sectores medios y populares; que establecen sistemas mercantiles de salud, educación y previsión; etc.

Asimismo, es clave reconocer que, dadas las limitaciones para que la voluntad mayoritaria del pueblo se exprese en mayorías parlamentarias; es casi imposible ?si no hay un cambio constitucional profundo y previo- modificar aquella legislación impuesta, si no se cuenta con la aquiescencia del conjunto de la derecha o, al menos, de segmentos significativos de ella. Por tanto, se mantiene vigente en nuestro país el modelo económico-social y cultural neoliberal establecido a través del sistema normativo impuesto por la dictadura.

En relación a la mantención del modelo neoliberal se observa también una profunda contradicción en el liderazgo concertacionista. Es así que los planteamientos alternativos y críticos formulados durante la oposición a la dictadura, han sido abandonados en la teoría y la práctica. Fuera de una reforma tributaria que por lo demás, fue neutral desde el punto de vista redistributivo 6; y de una modestísima reforma de la legislación laboral que dejó vigentes los elementos esenciales del "Plan Laboral" de la dictadura 7; el gobierno de Aylwin y los posteriores de Freí y Lagos no han acometido ninguna reforma de los elementos estructurales del modelo neoliberal. Es más, han continuado con las políticas de privatizaciones y de concesiones de servicios públicos esenciales. La única diferencia ha sido la acentuación del gasto público social que unido a las grandes tasas de crecimiento económico de la década de los 90 (de alrededor del 7% anual) se tradujo en una significativa reducción de la pobreza absoluta. Pero la perversión distributiva del modelo económico ha hecho que incluso con tasas de crecimiento posteriores relativamente altas (de 3% a 4% anual) no haya continuado una reducción significativa de la pobreza y que el desempleo se haya estabilizado en un alto nivel cercano al 10%.

La explicación de este cambio la da el principal estratega de la Concertación, el ex ministro de Aylwin y actual senador designado Edgardo Boeninger, cuando señala que a fines de la década de los 80 el liderazgo de la Concertación comenzó a visualizar positivamente el modelo económico neoliberal impuesto por la dictadura: ?Las propuestas del programa (de Aylwin) comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985... el indudable éxito técnico del equipo (de Hernán) Büchi, sustentó los planes políticos del régimen en cuanto puso rápido término a la crisis e inició un proceso dinámico de crecimiento que se ha mantenido ...la economía no podría haber tomado el rumbo dinámico que continúa hasta hoy, si no se hubiera producido una transformación espectacular en la clase empresarial. De su dependencia del proteccionismo y clientelismo estatal, los empresarios pasaron, en poco más de una década, a destacarse en la innovación tecnológica y de gestión, la conquista de mercados, la capacidad de tomar iniciativas y de gestar nuevos negocios"8

A su vez, esta visión positiva del modelo económico de la dictadura es la que explica el término de la prioridad y urgencia en lograr las reformas constitucionales democratizadoras; y la modificación misma del concepto de democracia. Si ya no se veía como negativa la esencia de la obra económica de la dictadura ¿qué urgencia podía tener una transformación política que además de convertirse en secundaria, iba a implicar múltiples tensiones con la derecha, los grandes empresarios y las cúpulas de las Fuerzas Armadas?

Esa misma transformación sustancial de las concepciones económicas del liderazgo de la Concertación es la que permite explicarnos otros acontecimientos aparentemente increíbles como el hecho de que los gobiernos de Aylwin, Freí y Lagos no se preocuparan de rearticular los movimientos sociales de los sectores medios y populares destruidos o minimizados por la dictadura, esto es, los sindicatos, colegios profesionales, juntas de vecinos y cooperativas, entre otros. O como el hecho de que la Concertación haya "por acción u omisión-autodestruido los medios de prensa que laboriosamente echó a andar en la década de los 80: La Época, Fortín Mapocho, Análisis, Apsi, Hoy y Cauce 9

Además ?como lo reconoce el mismo Boeninger- este profundo y abrupto cambio de las visiones económicas del liderazgo de la Concertación habría sido políticamente nefasto reconocerlo frente a sus bases de apoyo:"el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer"10

Esto explica la aparentemente increíble cesión de la mayoría parlamentaria simple que le aguardaba a Aylwin de haberse mantenido sin cambios la Constitución del 80. En efecto, los artículos 65 y 68 establecían ciertamente en el entendido que Pinochet ganaría el plebiscito del 88, quedando así como presidente hasta el 97- que el futuro presidente tendría mayoría legislativa simplemente teniendo mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra.11

Sin embargo, la derrota de Pinochet en el plebiscito generó la previsión opuesta. La Concertación ganaría la presidencia con Aylwin y obtendría con seguridad la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y un tercio en el Senado 12 ¡Y la Concertación aceptó regalar esa mayoría que tenía segura por medio de las reformas de aquellos artículos, las cuales pasaron desapercibidas dentro del total de 54 reformas aprobadas por consenso entre Pinochet y la Concertación en 1989!

Lo anterior configura un cuadro muy probablemente inédito en la historia de la humanidad. Esto es, de que una coalición política prefiera ser minoritaria en lugar de mayoritaria en un parlamento. Esto no puede ser explicado por el temor a una futura oposición fácticamente muy poderosa. El temor puede llevar razonablemente a un gobierno a ser más o menos cauto en la legislación que busque aprobar a través de una mayoría parlamentaria que le pertenezca. Pero sería absurdo que, por temor, una coalición política que pretende gobernar quiera tener mucho menos poder para hacerlo de acuerdo a sus orientaciones.

Lo que sí le da sentido a lo anterior es que un liderazgo que haya cambiado de manera inconfesable sus puntos de vista, asimilando los e sus rivales políticos, prefiera tener mucho menos poder parlamentario para así atribuir plausiblemente a ese factor el hecho de que las instituciones permanezcan inalteradas.13

Así, siempre que dirigentes políticos o sociales de la Concertación planteaban su insatisfacción por los escasos cambios logrados se les señalaba que no se podían efectuar dado que no se contaba con mayoría parlamentaria.14

La profunda transformación de las visiones económico-sociales del liderazgo concertacionista explica también su actitud contraria a efectuar pactos con la izquierda extraconcertacionista, pese a que dichos pactos le podrían haber dado mayoría parlamentaria propia en las dos cámaras ya en 1998.15

Todo lo anterior quedó patentemente demostrado en 2000 con el gobierno de Lagos cuando la Concertación (por los fortuitos desafueros de los senadores Pinochet y Francisco Javier Errázuriz) quedó con mayoría en las dos cámaras desde Agosto de ese año hasta Marzo de 2002. En dicho período el gobierno no impulsó ningún proyecto destinado a transformar las instituciones económico-sociales impuestas por la dictadura. En realidad, la opinión pública ni siquiera se enteró de que se había producido un vuelco en la mayoría del Congreso Nacional. Esto, porque ya a esa fecha la democracia tutelada y el modelo neoliberal impuesto por la dictadura habían sido consolidados por el propio liderazgo concertacionista, el cual ya había autodestruido todos los diarios y revistas surgidos en la década del 80 y había logrado la adaptación de la generalidad de la población a la atomización social, el consumismo económico y la impotencia política.

A comienzos de la década del 90 todavía se apreciaban arrestos de movimientos sociales por lograr algún cambio significativo del modelo económico. Así, de acuerdo con el mismo Boeninger, luego de la aprobación de la modestísima reforma laboral concordada con la derecha a comienzos de los 90, ?especial preocupación produjo en el gobierno el hecho de que la CUT desde comienzos de 1992 manifestara su insatisfacción con las reformas laborales conseguidas y su aspiración a que el gobierno impulsara una nueva reforma antes del término de su periodo (de Aylwin). La presentación de demandas más específicas en ese sentido a mediados de dicho año amenazó con reproducir el debate sobre las reglas del juego en materia laboral, erosionando así uno de los objetivos explícitos de las reformas impulsadas por el gobierno, cual era la de introducir los cambios necesarios para asegurar la estabilidad futura.16

Sin embargo, cuando el gobierno de Lagos obtuvo fortuitamente mayoría parlamentaria en Agosto de 2000, ya el movimiento sindical ?y por cierto también, las demás organizaciones de los sectores medios y populares- había perdido toda significación. A tal punto que el liderazgo de la Concertación podía ya darse el lujo de hacer francas apologías públicas de la obra económica de Pinochet, sin siquiera suscitar las más mínimas reacciones contrarias de parte de sus bases. Así por ejemplo, el ex Ministro de Hacienda de Aylwin, ex presidente del PDC y actual senador, Alejandro Foxley, sostenía en Mayo de 2000 que ?Pinochet... realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar ?que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese periodo, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida.17

A su vez, esta contextualización de las violaciones de derechos humanos de la dictadura nos permite entender las razones de fondo de porqué el liderazgo concertacionista, desde fines de los 80, abandonó la búsqueda de justicia respecto de aquellas. Si la obra económica-cultural de la dictadura se visualiza en términos tremendamente positivos y si se tiene en cuenta que dichas transformaciones no pudieron efectuarse sino por medios dictatoriales, 18 es inevitable que las violaciones de derechos humanos conexas adquieren mucho menor gravedad. Ciertamente que esta lógica no tiene porqué llevar a aceptar la brutal escala a que llegaron las violaciones de derechos humanos de la dictadura, pero sí a que ellas, en algún grado, representaron un mal necesario o mal menor. Naturalmente que para alguien de la Concertación es impresentable asumir explícitamente esta lógica. Por eso que su liderazgo, al promover concretamente la impunidad, ha recurrido a argumentos de "prudencia", "paz social" o "razones de Estado", argumentos que además pueden adecuarse muy bien a los miedos traumáticos dejados en la sociedad chilena por la aplicación de un terrorismo de Estado durante 17 años, los que a su vez son reforzados por la preservación de los poderes tutelares de quienes lo aplicaron. Sería ética y políticamente insostenible plantearlo de otro modo Pero lo concreto es que en la práctica los líderes concertacionistas han promovido sistemáticamente la impunidad, tratando de que esta sea digerible mezclada con algunas dosis mínimas de reconocimiento de la verdad histórica y de reparaciones a las víctimas.

De este modo, el propio Boeninger reconoce que la consolidación de la impunidad fue un claro objetivo del gobierno de Aylwin en esta materia: En el marco de la estrategia del Gobierno una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Esto significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes cometidos con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio Gobierno de Pinochet.19 Posteriormente, cuando el gobierno de Lagos adquirió fortuitamente mayoría parlamentaria (entre Agosto de 2000 y Marzo de 2002),se hizo completamente el leso respecto de aquella ?aspiración legítima y éticamente indiscutible...?

Para fundamentar el abandono de la justicia como objetivo programático del gobierno de la Concertación, el ministro del Interior de Aylwin, Enrique Krauss, elaboró a comienzos de 1991 una inédita distinción entre una justicia pura que sería referida a las reparaciones a los familiares de las víctimas, y otra justicia que estaría contaminada por la venganza, que sería la aplicación de sanciones penales a los victimarios: ?Entendiendo que la justicia representa básicamente un deber social primordial, es importante desechar la idea de que a través de ella lo que se pretende es la venganza... En el esquema natural de las relaciones entre los hombres no es la única forma de indemnizar los padecimientos de que se ha sido víctima reproducirlos en el ofensor. El legislador, comprendiendo la necesidad de recomponer la trama de la relación entre los hombres, ha concebido formas indirectas que cumplen el mismo propósito. Se trata de reivindicaciones de orden moral, que se proyectan incluso al plano financiero gracias a las cuales los ofendidos encuentran una satisfacción justificada, necesaria y respetable de los agravios soportados. De esa manera, no sólo se sanciona a quien ha quebrantado la norma básica de convivencia (¿con una indemnización pagada por el Estado, es decir, por todos los chilenos?), sino también se calma la asignación de justicia concebida como una necesidad socialmente compartida... En los momentos claves que se empiezan a vivir y en que el Presidente de la República debe cumplir con una seria responsabilidad, voluntariamente aceptada, en ordena generar las condiciones de reencuentro y reconciliación entre los chilenos, es conveniente recordar esta concepción elemental en virtud de la cual la justicia no tiene un sesgo reivindicativo.20

Por otro lado, el gobierno concibió también el esclarecimiento de la verdad histórica de los detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos como un sucedáneo de la justicia. Por ello que la comisión que se creó para tal efecto fue denominada de “Verdad y Reconciliación” y Enrique Krauss señaló que "la justicia también es alcanzable por vías reparadoras indirectas y, en esa perspectiva, las fórmulas de solución para el doloroso y dramático trance de los derechos humanos en nuestro país pueden tener un amplio campo de desarrollo y concreción. La verdad, han dicho los obispos de Chile, representa un juicio sereno y verdadero, más valioso que una sentencia jurídica"21

Asimismo, el Subsecretario del Interior, Belisario Velasco, declaraba que "o que el Gobierno espera, como conclusión de este informe (de Verdad y Reconciliación, mas conocido como Informe Rettig), es que precisamente con el conocimiento de la verdad haya reconciliación en el país" y que "Chile necesita un perdón generoso para que haya reconciliación".22

A la impunidad judicial por la mantención del decreto-ley de amnistía, el Gobierno agregó la impunidad moral y administrativa, en la medida que mantuvo en secreto el nombre de los violadores de derechos humanos y permitió que la generalidad de ellos continuara con su carrera militar. Así no solo no se cumplió con la demanda de las Juventudes Políticas de la Concertación de ?pasar a retiro a todos aquellos miembros (de las Fuerzas Armadas) que se encuentren comprometidos en esos actos (crímenes)?,23 sino que connotados oficiales involucrados en gravísimas violaciones de derechos humanos han sido, hasta el día de hoy, enviados como representantes de Chile en el exterior, lo que en diversas ocasiones ha provocado bochornosas situaciones para la imagen de nuestro país en el mundo 24

Tampoco se puede decir que con el Informe Rettig el Gobierno efectuó una adecuada difusión de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Al hecho de que se dejó de lado el registro de las decenas de miles de casos de victimas de detención y tortura por razones políticas (¡lo que fue abordado recién en 2004 con el Informe Valech); hay que sumar el que la proposición del ministro de Educación de la época, Ricardo Lagos, de utilizar el Informe Rettig como texto de estudio escolar, fue rápidamente desechado ante la oposición de la UDI al respecto.25 Además, el Gobierno ni siquiera inscribió el Informe en el Registro de Propiedad Intelectual!, quedando fuera de las bibliotecas públicas.26

Algo peor sucedió con los resultados de las investigaciones de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, sucesora de la Comisión Rettig. Luego de varios años, aquella acreditó 899 víctimas fatales adicionales producto del período dictatorial. Fruto de ese trabajo, se editó un libro de más de 600 páginas, complementario al Informe Rettig. Sin embargo, su publicación pasó inadvertida en el país, ya que el Gobierno efectuó el 22 de Agosto de 1996 un acto al cual no se le dio ningún relieve.27

Respecto de las medidas a favor de la impunidad, el liderazgo de la Concertación no se contentó con abandonar toda idea de derogar el decreto-ley de auto amnistía de 1978. Posteriormente ha buscado extender dicha amnistía hasta 1990; o avalar legislativamente aquel decreto-ley; o plantear leyes que garanticen la impunidad a cambio de informaciones sobre los detenidos desaparecidos; o buscar, a través de la presión del Consejo de Defensa del Estado, que los tribunales apliquen el decreto-ley de amnistía, incluso en los casos en que no habido comprobación judicial respecto de la muerte de la persona detenida-desaparecida. La extensión de la amnistía hasta 1990 fue planteada, a fines de 1991, por los presidentes del Senado, Gabriel Valdés, y de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera Gallo 28 ¡Hasta la propia derecha se manifestó contraria a la idea! 29

Posteriormente, en reacción a diversos actos de presión militar (el "boinazo" y el "puntapeucazo"), los gobiernos de Aylwin y Freí plantearon iniciativas legislativas que de manera encubierta buscaban avalar legislativamente el decreto-ley de amnistía de 1978. Tales fueron los proyectos de ley Aylwin de 1993, el proyecto de ley Freí de 1995 y el acuerdo Figueroa-Otero del mismo año. La rotunda oposición a ellos de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, de la izquierda extraconcertacionista y de sectores progresistas del propio liderazgo de la Concertación hicieron fracasar aquellos proyectos.30

Asimismo, es notable recordar que, al calor de dichas propuestas, diversos líderes de la Concertación plantearon puntos de vista descaradamente favorables a la impunidad. Así, el entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, señaló que ?no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente.31

Y el diputado PS, José Antonio Viera Gallo, propuso que "se busque la verdad de los casos de derechos humanos por la vía extrajudicial, mediante un proceso en el que quienes tengan antecedentes sobre casos específicos, los entreguen, lo que no implicará que se abran nuevos procesos judiciales", agregando que "hay que atender a la inquietud de los militares mediante acciones del Gobierno y los partidos".32

Posteriormente, con ocasión de la detención de Pinochet en Londres, el gobierno de Freí alentó los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos del Senado (formada por José Antonio Viera Gallo, del PS; Jorge Lavandero, del PDC; Enrique Silva Cimma del PR; Beltrán Urenda, de la UDI y Mario Ríos, de RN) que en diciembre de 1998 elaboró un proyecto de ley que agravaba los efectos de la impunidad del decreto-ley de amnistía de 1978.33

Dicho proyecto fue abortado por la total oposición que suscitó en los organismos de derechos humanos y en la mayoría del PS. Así, la vicepresidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, lo consideró "una nueva ley de punto final"34; y los diputados del PS Juan Bustos, Fanny Pollarolo y Sergio Aguiló, cuestionaron el proyecto como "inaceptable", ya que "una moción que restringe el derecho a la verdad, que construye una verdad secreta y que vulnera el derecho a la justicia constituiría, en caso de aprobarse, una violación de las obligaciones internacionales de Chile".35

Luego, en 2003, el gobierno de Lagos presentó un proyecto de ley que le concedía inmunidad a autores de desapariciones forzadas de personas, en la medida que colaboraran con información relativa al destino final de aquellas. La fuerte reacción en contra de los organismos de derechos humanos y del PS impidió que fructificara aquel proyecto. Así, la dirigente del PS Pamela Pereira ?en relación a la insistencia del gobierno en mantener la inmunidad, pese a un acuerdo logrado con el partido a comienzos del 2004 en dejarla de lado- señaló: "El Gobierno retrocede sobre la base que insiste en el tema de la inmunidad. Estamos en un problema muy serio porque no es posible para el PS y la Concertación aceptar un proyecto de ley que implique impunidad"36 Posteriormente, incluso con los cambios que le efectuó el gobierno, mereció serios reparos de connotados abogados de derechos humanos: ?Todo el proyecto apunta a que, por testigos secretos (que pueden ser los mismos criminales) u otros medios de prueba, se puedan conocer las circunstancias (lugar y tiempo) de la desaparición o muerte de las víctimas. Pero ello se hace fundamentalmente para fijar su fecha de "muerte" y así hacer posible la aplicación de la Amnistía (11-9-1973 a 10-3-1978) o la prescripción o media prescripción (11-9-1973 a 10-3-1990), superando "la ficción legal" del secuestro permanente. No lo hace para castigar a los responsables del genocidio.37

Reveladoramente, tanto el Ejército como El Mercurio expresaron su decepción por los cambios experimentados por el proyecto gubernamental. 38

En definitiva, como no cumplía a cabalidad con el objetivo inicial de consolidar la impunidad, el proyecto fue dejado morir en los trámites legislativos. Paralelamente, el gobierno de Lagos ha buscado consolidar la impunidad, en forma indirecta, a través del Consejo de Defensa del Estado y particularmente de su presidente, Clara Zscsaranski, quien en los últimos años se ha planteado pública y reiteradamente a favor de la impunidad de los miembros de las Fuerzas Armadas que violaron los derechos humanos.39

Así, por ejemplo, ha señalado que "as instituciones armadas de Chile son inocentes, cualquiera sea el mando que las sacó de rumbo instigado por intereses civiles, externos y ajenos a la vida militar. Las instituciones necesitan liberarse del peso injusto que hoy las agobia. Chile las necesita descargadas de ese lastre".40 Ella ha llegado, incluso, a plantear como atenuantes de la responsabilidad penal el carácter estatal y político de las violaciones de derechos humanos: ?Se trata de crímenes que tienen una razón histórica, política y social. Donde no existe una relación personal entre ofensor y ofendido. Además, fueron realizados no por turbas desordenadas, sino por instituciones altamente jerarquizadas y disciplinadas, lo que hace indispensable tomar en cuenta el deber de obediencia y de reserva a la hora de evaluar las culpabilidades?.41

La culminación de esta tendencia se vio en septiembre de 2004 cuando el Consejo de Defensa del Estado, en un alegato ante la Corte Suprema, abogó porque los tribunales apliquen la amnistía a favor de los ex agentes de la DINA en los casos de detenidos-desaparecidos, eliminando la figura del secuestro permanente que es la que ha permitido, por primera vez, la condena de cinco agentes de dicha policía secreta (incluyendo a su director, Manuel Contreras) por el caso de Miguel Ángel Sandoval. El hecho de que el gobierno de Lagos no se haya pronunciado en contra de ese radical e insólito vuelco, demuestra claramente su connivencia en la materia.

Por último, el gobierno de Lagos está anunciando su deseo de que los juicios de derechos humanos se continúen bajo el nuevo sistema procesal penal que establece un plazo máximo para la duración de los juicios de dos años. Lo que en teoría podría ser visto como una propuesta para agilizar aquellos juicios ?dado todo lo anterior- es percibido por los organismos de derechos humanos y por dirigentes de la Concertación como una nueva maniobra para consolidar la impunidad. Así, incluso el senador José Antonio Viera Gallo señaló que "es difícil, prácticamente imposible" que el Senado y la Cámara de Diputados vayan a aprobar normas para cerrar los casos sin haber concluido con un resultado positivo: "Eso se llama punto final, y los parlamentarios de la Concertación no estamos disponibles para aprobarlo".42

El liderazgo de la Concertación, en su búsqueda concreta de impunidad para las violaciones de derechos humanos de la dictadura, ha llegado al extremo de desentenderse o de aportar elementos en esa dirección, en juicios respecto de casos de gran trascendencia nacional e internacional, no importando siquiera en ello el bochorno internacional del país. Así, en el juicio por el asesinato del chileno-español Carmelo Soria, el gobierno de Freí le aportó a la Corte Suprema una información que fue clave para que esta aplicara la amnistía en dicho caso.43 Respecto del caso del asesinato del ex agente de la DINA, Eugenio Berríos en Uruguay, el gobierno de ese país le representó tanto al gobierno de Aylwin y de Freí su malestar por la escasa colaboración brindada a su investigación judicial.44

En relación al caso del frustrado asesinato de Bernardo Leighton y su esposa, los gobiernos de Freí y Lagos no se han preocupado de que los condenados por el en Italia sean extraditados a ese país o se abra en subsidio una investigación en Chile. Respecto del caso del asesinato de Carlos Prats y su esposa el desinterés por su juicio en Argentina condujo a sus tres hijas a publicar una protesta frente al gobierno de Freí. 45

Pero sin duda que el caso más ilustrativo en este ámbito ha sido el de Pinochet, luego que fue detenido en Londres. A las fervientes gestiones del gobierno de Freí por lograr salvarlo de su segura condena en Europa, 46 le siguió, una vez vuelto, una campaña pública y privada del gobierno de Lagos de presión a los tribunales para lograr su eximición de juicio por razones de salud. 47

Por último, respecto de la labor de la Comisión de Prisión Política y Tortura es importante tener en cuenta que los plazos establecidos para su inscripción y, sobre todo, su escasísima difusión conspiraron seriamente para que el conjunto de las víctimas pudiera registrarse. Además, que las indemnizaciones "austeras y simbólicas" y no justas como lo señala el Artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura. Y lo más grave, que al aprobarse la ley de reparaciones se estipuló también el ocultamiento de toda la información que podría serle útil a los tribunales para hacer justicia al respecto. Es decir, se consagró prácticamente la impunidad respecto de la tortura. 48

Ahora bien, las reformas constitucionales que están concordadas entre la derecha y la Concertación representan un avance significativo pero completamente insuficiente para acceder a un auténtico sistema democrático en que la Constitución y las leyes sean el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Significarían, sí, el fin de la tutela militar al conferirle al Presidente de la República la facultad de designar y remover a los comandantes en jefe de la Fuerzas Armadas y Carabineros; y al terminar con el actual Consejo de Seguridad Nacional. Pero reafirmarían la tutela “civil” de la derecha al preservarse el sistema electoral binominal (49) y los altos quorums para reformar la Constitución y las leyes orgánicas constitucionales. Por otro lado, el término de los senadores designados y vitalicios no tiene mayor significación a este respecto, ya que por su forma de designación no representan hoy día ninguna ventaja para la derecha.


NOTAS:

1 cit. en Patricio Aylwin.- El reencuentro de los demócratas. Del golpe al triunfo del NO; Edic. Grupo Zeta, 1998; p. 259

2 El Mercurio; 8-8-1991

3 Patricio Aylwin; en El Mercurio, 8-8-1991. Tarea que tampoco dejó completada el gobierno de Frei, ni lo ha hecho el de Lagos.

4 El denominar los profundos elementos autoritarios de la Constitución del 80 como "enclaves" constituye una denominación desafortunada porque connota la idea de compartimentos estancos que no contaminan el conjunto

5 El Mercurio; 26-9-2003.

6 De acuerdo a la opinión del propio Mario Marcel (Economía política de la implementación de las reformas sociales: El caso de la reforma tributaria de 1990 en Chile) y de Edgardo Boeninger (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1997, p. 480).

7 Dicha reforma no puso límites efectivos a los despidos arbitrarios, no reforzó para nada la negociación colectiva, mantuvo las restricciones que impiden un real derecho de huelga y dejó la organización sindical profundamente debilitada frente a las atávicas prácticas antisindicales de los patrones.

8 Boeninger; pp. 318-319 y 368

9 Así, en el caso de la revista Análisis, su director Juan Pablo Cárdenas relató los hechos que se conjugaron para el cierre de dicho medio a principios de los 90... afirmó que el entonces embajador de Holanda en Chile ofreció gestionar ante su gobierno dinero para mantener el medio. Sin embargo, esto no se concretó, pues según el embajador, representantes gubernamentales chilenos le habrían solicitado no hacer efectiva la ayuda, ya que estaba en los planes del gobierno la desaparición de Análisis y de todos los medios que habían sido opositores a Pinochet. Le advirtieron que si insistían, tal comportamiento sería visto con malos ojos por parte de las autoridades chilenas (Claudia Lagos y Mariela Ravanal.- Cronología de hitos de la Libertad de Expresión. Año 2000; Documento de Trabajo N° 6, Escuela de Periodismo. Universidad de Chile, Abril, 2001, p. 7)

10 Boeninger; pp. 368-369

11 Pinochet habría tenido con seguridad mayoría absoluta en el Senado (con el sistema electoral binominal y los senadores designados) y un tercio en la Cámara.

12 Pese a los senadores designados (9) que en ese entonces serían todos de derecha, la Concertación habría elegido un senador en cada una de las 13 circunscripciones originales. De este modo habría superado el tercio de12, considerando que el total de senadores habría alcanzado a 35.

13 De este modo, el ideal ya expresado por Jaime Guzmán en 1979 se ha hecho realidad en Chile, pero con el agravante que ha contado ¡con la aceptación de los líderes que habían propuesto al país su transformación!: ?En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir que si llegan a gobernar los adversarios (¡lo que pasó en 1990 con la Concertación!), se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario (cit. en Boeninger; p. 274)

14 Incluso este argumento se ha empleado en las instancias internacionales. Así, frente a las demandas contra el Estado chileno presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por denegación de justicia, derivadas de la aplicación por los tribunales del decreto-ley de auto amnistía, el Gobierno señalaba que compartía el criterio que dicho decreto-ley violaba el derecho a la justicia, pero que no tenía mayoría parlamentaria para derogarlo.

15 Si la Concertación hubiera hecho dicho pacto con la Izquierda habría obtenido un senador más en las elecciones de fines de 1993 (en la circunscripción Novena Norte) y dos más en las de 1997 (en la Segunda y en la Octava Interior), con lo que en lugar de haber estado en minoría en el Senado de 23 a 25, habría tenido una mayoría de 26 a 22.

16 Boeninger; pp. 495-496 Incluso, para no entrar en conflicto abierto con la CUT, el gobierno de Aylwin astutamente "formó una comisión de evaluación de la normativa vigente, concordada con la CUT, a partir de lo cual el tema perdió perfil"(Boeninger; p. 496)

17 Revista Cosas; 5-5-2000 Así también el connotado intelectual del socialismo "renovado", Eugenio Tironi, planteó en 1999 que "la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido... Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80... Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo (Eugenio Tironi.- La Irrupción de las Masas y el malestar de las élites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 60 y 162)

18 Es lo que complementa Andrés Allamand: ?El gobierno militar chileno realizó una transformación económico-social de alcances fenomenales cuyo punto de arranque fue advertir que el modelo vigente de "desarrollo hacia adentro" recargado de estatismo y proteccionismo, lastrado de inflación y desequilibrios, sofocado por regulaciones y pervertido por la discriminación- no podía dar más de sí. El cambio originado por el gobierno militar tuvo el enorme mérito de ser pionero... Pinochet le aportaba al equipo económico algo quizás aún más valioso: el ejercicio sin restricciones del poder político necesario para materializar las transformaciones. Más de alguna vez en el frío penetrante de Chicago los laboriosos estudiantes que soñaban con cambiarle la cara a Chile deben haberse devanado los sesos con una sola pregunta: ¿Ganará alguna vez la presidencia alguien que haga suyo este proyecto? Ahora no tenían ese problema (Andrés Allamand.- La Travesía del Desierto; Edit. Aguilar, Santiago, 1999; pp. 155-156)

19 Boeninger; p. 400 Y acto seguido, en una notable demostración de la virtual esquizofrenia política y moral que ha presidido desde entonces a los gobiernos de la Concertación, Boeninger señala (¡recordemos que en 1997!) que "siempre pensé que se trataba de una aspiración legítima y éticamente indiscutible que no podía dejarse de lado como tal, pero que nunca tuvo viabilidad en el contexto de la transición chilena" (Boeninger; p. 400).

20 Las Últimas Noticias; 17-2-1991

21 Las Últimas Noticias; 17-2-1991

22 La Época; 4-2-1991 A su vez, el presidente del Senado, Gabriel Valdés, señalaba que 1991"debe ser el año de cambio de hoja, tanto para conocer la verdad de lo ocurrido con los derechos humanos conculcados, así como para preparar el advenimiento de la reconciliación nacional" (El Mercurio;20-2-1991)

23 La Época; 3-3-1991

24 Como en los casos del coronel Pablo Belmar (miembro del tristemente célebre Comando Mulchén de la DINA) cuya designación como agregado militar fue rechazada en 1996 por los gobiernos de Ecuador y El Salvador (¡este último, con un presidente de extrema derecha!); del brigadier general Sergio Espinoza Davies quien fue retirado en 1998 por las propias Naciones Unidas de su cargo de jefe de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en la frontera indo-pakistaní, cuando se hizo público que fue miembro de un Consejo de Guerra que luego del golpe ordenó la ejecución de cuatro dirigentes del PS de Iquique; y del actual agregado militar de Chile en España, el general Rodolfo Ortega, a quien el gobierno de Lagos ha mantenido en el cargo, pese a que fue el jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989, cuando se ejecutó a una joven dirigente del PS local.

25 Ver El Mercurio; 7-3-1991

26 Recién, en 1996, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, antes de cerrarse, y dándose cuenta de tal "olvido", procedió a sacar una nueva edición del Informe, inscribiéndolo como es debido.

27 Para ilustrar hasta que extremo se llegó en ese sentido, basta señalar que El Mercurio del jueves 22 de agosto solo trajo a colación en las "Notas Políticas" una breve información sobre el acto que se haría ese día en La Moneda. Y por último, el Viernes 23 apareció una crónica que empezaba al final de la página 1 del Cuerpo C y continuaba en la página 10. Nunca más apareció alguna información sobre ello, ni comentario editorial, ni entrevistas y ¡ni siquiera fue reseñado en la Revista Noticiosa Semanal del diario del domingo siguiente!

28 Valdés planteó en diciembre de 1991 que ?la transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior y están en poder de la justicia, como el caso Letelier? (El Mercurio; 15-12-1991). Y Viera-Gallo se manifestó partidario de extender la amnistía a los ex funcionarios de la DINA y la CNI con la excepción de ?los asesinatos más graves cometidos en los últimos años entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud (El Mercurio;17-12-1991).

29 Así, el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, indicó que su partido "no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social" (El Mercurio; 17-12-1991) y el presidente de RN, Andrés Allamand, señaló que "no nos hemos planteado en la hipótesis de una nueva ley de amnistía" (El Mercurio; 17-12-1991).

30 En el caso del acuerdo Figueroa-Otero (denominación que tuvo por el nombre de sus principales negociadores: el ministro del Interior de la época, Carlos Figueroa y el senador RN Miguel Otero) se agregó como razón del fracaso, la oposición del Ejército por la desmesurada ambición de este de ni siquiera continuar con los dos años de investigaciones judiciales que planteaba la propuesta, para luego establecer el punto final.

31 Las Últimas Noticias; 3-11-1995. Lo que a su vez generó una repulsa moral incluso en el historiador conservador Gonzalo Vial: ?Lo que no admite ninguna explicación es pretender "olvidar" no ya los muertos, sino el derecho inalienable de sus familiares a sepultarlos. Esto además de inexplicable, resulta inútil. No podemos seguir contando muertos, ha dicho un político. Pues, en eso seguiremos, inexorablemente, pase lo que pase, hasta que se dé una salida ética al problema. Es obvio que de aquí a un siglo, nadie hablará de los restos de los detenidos-desaparecidos. Pero el país continuará en deuda... moralmente manchado, corrompido y persistiendo en muchos el recuerdo envenenador de una gravísima y deliberada injusticia sin corregir y de una falta colectiva sin expiar (La Segunda; 14-11-1995)

32 La Segunda; 2-6-1995

33 Al garantizar absoluto secreto a quienes informaran acerca del paradero de los detenidos-desaparecidos, unido al perdón por la información falsa que hubiesen entregado antes a la justicia, les hubiera asegurado a los autores de aquellos delitos atroces no solo la impunidad, si no que además el que su amnistía fuera secreta.

34 La Nación; 6-3-1999

35 La Nación; 17-7-1999

36 El Mercurio; 21-1-2004

37 La Nación; 28-4-2004 Carta de Fabiola Letelier, Julia Urquieta, Juan Subercaseaux y Sergio Concha

38 Ver El Mercurio; 16-1-2004 y El Mercurio; 24-1-2004

39 Es insostenible el planteamiento de que ella puede estar actuando al margen del gobierno, puesto que es designada por el Presidente e históricamente ?más allá de la formalidad de su autonomía- dicho Consejo siempre, en sus lineamientos fundamentales, ha actuado en consonancia con los gobiernos.

40 El Mercurio; 7-9-2003

41 El Mercurio; 19-7-2003 Esta argumentación ¡podría servir exactamente igual para atenuar las responsabilidades de los ejecutores del holocausto nazi!

42 El Mercurio; 22-1-2005

43 Ver El Mercurio; 27-9-1996 Información que elegantemente le negaba a Soria su calidad de ser funcionario internacional excluido del ámbito de la amnistía.

44 Ver La Época; 14-6-1993 y La Segunda; 15-2-1996

45 Ver El Mercurio; 9-6-1999

46 Y en las que incluso el Ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, llegó a decir en una entrevista a un diario español que ?en España, tras la sentencia de los Lores, Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas o conspiración para torturar por hechos cometidos después de 1988. En Chile no existe ninguna inmunidad ni ninguna amnistía que impida juzgar los actos que haya cometido. Las posibilidades de juzgarle aquí son mucho más amplias que en España. El juicio en su país (España) puede que les interese más a los que solo quieren un juicio simbólico (El Mercurio; 28-3-1999)

47 La campaña pública fue liderada por el Ministro del Interior, José Miguel Insulza, a través de reiteradas entrevistas en medios de comunicación, y acompañada por el presidente del Senado, Andrés Zaldívar y el ex presidente Aylwin. A título ejemplar, Insulza le señaló a la revista Que Pasa: ?Yo creo que Pinochet no está en condiciones de ser sometido a juicio. Siempre he creído a los médicos británicos. Esto lo he dicho antes y después. El tema Pinochet, en gran medida, ya fue resuelto por la Corte Suprema, mucho más allá de lo que era la expectativa de quienes lo acusaban. En un momento determinado uno debería sacar la cuenta de los resultados que ya obtuvo y dejar que las cosas sigan su curso de otra manera... A mí me gustaría que si el juez Juan Guzmán y las Cortes deciden que por razones de enfermedad Pinochet no puede enfrentar un juicio, ojalá todo el mundo lo aceptara de buena gana. El gobierno lo haría así (Que Pasa; 2-9-2000) Las presiones privadas al juez Guzmán en esa dirección fueron denunciadas por él mismo a Le Monde y la BBC de Londres en enero de 2001 (Ver El Mercurio; 18-1-2004) y a la Radio de la Universidad de Chile en agosto de 2002 (Ver La Nación; 30-8-2002

48 Aduciendo falazmente el Gobierno de que este -al recibir denuncias-había comprometido la total confidencialidad de los datos a los denunciantes.

49 El que su existencia pase a ser materia de ley orgánica constitucional en lugar de constitucional no significa, a su vez, ningún avance cualitativo, puesto que en el primer caso los quorums (4/7) son lo suficientemente altos como para que la derecha conserve su veto al respecto.

Saturday, October 22, 2005

INTRODUCCION A ESTE BLOG

Pretendo publicar aquí material seleccionado, útil para los diálogos que voy teniendo en mi deambular por la vida. Los dos primeros con que comenzaré este blog, que contienen mucho material polémico y digno de analizarse con calma, se refieren al tema de la democracia y la Constitucion en Chile. Sus autores, Gonzalo Martner y Felipe Portales, a quienes conozco, son personas estudiosas y respetables en todo sentido. Por eso, corresponde tomarlos en serio. Aunque comparta muchos de sus argumentos, hay algunas observaciones que voy a hacerles. Pero lo que yo escriba aparecerá en el blog principal, esto es, en http://ottoboye.blogspot.com De esa forma, quienes deseen entrar al debate podrán hacerlo allí. Están todos invitados.